Durante los últimos años se han sucedido acontecimientos y cambios normativos que han incrementado la inseguridad de los propietarios ante el cobro de la renta de alquiler a los inquilinos. Primero fue con la alarma surgida ante el aumento de casas ocupadas ilegalmente; después, con la llegada de la pandemia de Covid-19, surgieron las medidas gubernamentales que limitaban la posibilidad de desahuciar a los inquilinos que no pagaran el alquiler. Posteriormente, han seguido apareciendo otras regulaciones que afectan directamente a los ingresos de los arrendadores, como la limitación al incremento anual de la renta mensual.

Ante esta situación, no es de extrañar que la demanda de seguros de impago del alquiler se haya disparado. Con ellos, los propietarios buscan tener la seguridad de que van a cobrar el alquiler aunque el inquilino, en un momento dado, no pueda hacer frente al pago.

No obstante, la mayoría de las pólizas de impago del alquiler, además de garantizar el pago de la renta, suelen incluir otros servicios para los propietarios. Entre los más habituales se encuentra el asesoramiento legal, apoyo en la redacción y revisión de documentos, reclamación por incumplimientos de contrato, iniciar proceso de desahucio de la vivienda, defensa penal por alquiler, reclamación por daños en la vivienda o por actos vandálicos, defensa en casos de responsabilidad civil, etc.

El beneficiario de este tipo de pólizas es el propietario o usufructuario de la vivienda arrendada, aunque, de forma indirecta, las ventajas redundan sobre todas las partes implicadas. El hecho de que los propietarios puedan disipar sus principales preocupaciones mediante el seguro de impago del alquiler hace que muchos se animen a poner en el mercado de alquiler viviendas a las que no estaban dando uso y puedan obtener una rentabilidad.

Por su parte, los inquilinos se benefician, por lo tanto, de un aumento de la oferta de viviendas, lo que contribuye a reducir la presión sobre los precios. Además, al estar más protegidos los arrendadores, no solo pueden ajustar los precios del alquiler, sino que pueden relajar algunas de las exigencias de garantías financieras al inquilino, que en los últimos tiempos se habían incrementado notablemente.